MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha alertado de que el Estado de Excepción declarado el pasado viernes en Venezuela amenaza los Derechos Humanos de la población. El grupo advierte de que el Estado de Excepción "no deben ser utilizado para reprimir las manifestaciones pacíficas".
El decreto del presidente Nicolás Maduro "pone en mayor riesgo la ya frágil situación de Derechos Humanos en el país", según la organización.
Amnistía subraya la "grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica".
En concreto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, ha alertado de que "el catálogo de abusos a los Derechos Humanos que se han registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante Estados de Excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante".
"El gobierno de Venezuela debe recordar que los Estados de Excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos", ha afirmado Marcos Gómez.
Amnistía destaca que los Estados de Excepción tienen "penosos antecedentes" en Venezuela. En los años 1989, 1992 y 1999 los cuerpos de seguridad "cometieron violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que todavía no han sido efectivamente investigadas ni sus víctimas reparadas adecuadamente".
Más recientemente, entre agosto y septiembre del 2015, el Gobierno adoptó una serie de decretos que afectaron a varios municipios en las zonas fronterizas con Colombia, por los cuales se militarizaron dichas zonas.
"Ante los operativos bajo estos decretos de Estado de Excepción, se recibieron y documentaron denuncias de deportaciones, desalojos y detenciones presuntamente arbitrarias, así como tratos crueles y discriminatorios contra ciudadanos de nacionalidad colombiana, incluida la separación de familias, expulsión de refugiados y solicitantes de asilo entre otras graves violaciones de Derechos Humanos", denuncia Amnistía.