CIUDAD DE MÉXICO, 1 Feb. (Notimérica) -
México se prepara para las posibles deportaciones de nacionales residentes en Estados Unidos, debido a las políticas restrictivas del nuevo presidente del país, Donald Trump.
El último paso del Gobierno iberoamericano ha llegado este martes de la mano de su presidente, Enrique Peña Nieto, quien acordó con los gobernadores de las entidades mexicanas implementar una estrategia de defensa jurídica ante posibles deportaciones, la cual podría incluso, según las autoridades, "congestionar" el sistema judicial estadounidense.
La decisión se ha tomado en el marco de un encuentro privado realizado en Los Pinos, tras el cual detallaron que ya hay 250.000 casos de deportaciones en los tribunales, tal y como ha informado 'El Universal'.
Otro de los asuntos acordados en la reunión está relacionado con la coordinación méxico-estadounidense a nivel departamental. La Conferencia Nacional de Gobernadores mexicanos (Conago), ha expresado su intención de buscar un "diálogo directo" con su homóloga, la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, con el objetivo de analizar las repercusiones en cada estado de las acciones de Trump, estudiando cada caso en particular.
En esta línea, las autoridades mexicanas han abogado por hacer de las casas del migrante --representantes de los estados mexicanos en diferentes ciudades estadounidenses-- "consejerías jurídicas" que actúen en coordinación con la red consular para defender a los ciudadanos de cualquier intento de deportación.
Con el fin de definir más claramente los objetivos y la posible agenda bilateral, acorde con los planes ya explicados, los estados fronterizos del norte de México (Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila) se reunirán próximamente en Monterrey, de cara a un futuro encuentro con los estados fronterizos de Estados Unidos (Texas, Arizona, Nuevo México y California).
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) enviará una iniciativa al Senado con el objetivo de reformar la Ley General y facilitar el ingreso al sistema nacional de los jóvenes mexicanos que llevaron a cabo parte de sus estudios en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación obligatoria en caso de posibles migraciones o deportaciones desde el país vecino.