MANAGUA (NICARAGUA), 22 Feb. (Notimérica) -
La pasada semana, el famoso poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, de 92 años, declaró a la prensa sentirse un "perseguido político de la pareja presidencial", refiriéndose al nuevamente proclamado presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. El literato y religioso, en el marco del Festival de Poesía de la ciudad nicaragüense de Granada, aseguraba que su país se encuentra sumido "en una dictadura", dejando constancia de las acusaciones que desde hace años recaen sobre el gobierno del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Cardenal y Ortega mantuvieron durante años una cercanía basada en la semejanza de sus ideales políticos: ambos colaboraron con el FSLN en la lucha contra el régimen de Somoza, siendo el sacerdote nombrado ministro de Cultura del primer gobierno 'sandinista'. Sin embargo, Cardenal abandonó el partido en 1994 por desavenencias con la dirección de Daniel Ortega, comenzando un periplo de críticas recíprocas que dura hasta día de hoy. Tal y como ha denunciado en varias ocasiones, para el poeta el Gobierno de Ortega ha destruído la democracia nicaragüense y se ha alejado de los verdaderos valores sandinistas, tratando de imponer una nueva dinastía de poder, tal y como hiciera el dictador Anastasio Somoza.
ERNESTO CARDENAL
Así, la idea sobre la deriva autoritaria que el Gobierno de Ortega habría adquirido en los últimos años se ha visto reforzada por decisiones políticas como la habilitación de la reelección presidencial indefinida o la eliminación de la segunda vuelta electoral, ambas impuestas mediante una reforma constitucional del año 2014. De la misma manera, el Consejo Supremo Electoral (CSE) habría resuelto en 2016 la destitución de 28 diputados pertenecientes a los opositores del Partido Liberal Independiente (PLI).
Los últimos comicios presidenciales nicaragüenses parece que no dejaron lugar a duda del bando ganador desde el principio, tanto así que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en un comunicado su "profunda preocupación por los fallos en las elecciones presidenciales y legislativas", las cuales se habían celebrado después de que el Gobierno nicaragüense hubiera "apartado a los candidatos opositores, limitado la observación nacional en los centros de votación y el acceso a las credenciales para votar".
CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y DE PODER
La ONG estadounidense Freedom House, en su estudio anual sobre el nivel de democracia y libertad a nivel mundial "Freedom in the World" posicionó a Nicaragua en su edición de 2016 como un estado democrático "parcialmente libre", de la misma manera que a otros países latinoamericanos como Venezuela, Paraguay, México, Guatemala u Honduras, entre otros. Además, este documento trata de dejar constancia de la concentración de poderes que el gobierno de Ortega ha ido alcanzando a lo largo de sus diez años de mandato.
La concentración de poder a partir de lazos familiares no deja de presentarse como un síntoma personalista que, sin embargo, está muy presente en la región iberoamericana. Siguiendo la estela de Juan Domingo Perón e Isabelita, o de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la mujer de Ortega, Rosario Murillo, ocupa en la actualidad el cargo de vicepresidenta. Al mismo tiempo, los hijos de ambos se posicionan en diferentes instancias de poder y se relacionan con las altas esferas políticas, ocupando privilegiadas posiciones entre la sociedad nicaragüense y siendo señalados como "los herederos".
DANIEL ORTEGA Y ROSARIO MURILLO
Por otro lado, el índice de Paz Global, del Institute for Economics and Peace, uno de los principales estudios de desarrollo métrico para el análisis de la paz, señalaba a principios de este año que Nicaragua se presenta como un país con un crecimiento económico estable y sostenido. El crecimiento económico del territorio es del cuatro por ciento al cinco por ciento, con unos niveles altos de inversión extranjera directas y unas bajas tasas de interés de la deuda externa del Gobierno. Así, se establece a Nicaragua como un estado emergente con solidez y estabilidad social y política.
Sin embargo, dichos datos deben ser visto también en contexto, que en este caso se une a uno de los estados aliados: Venezuela. La estrecha relación entre ambos países, reflejada al mismo tiempo en su coexistencia en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ha sido uno de los factores principales para el crecimiento de Nicaragua. Su apoyo mutuo a través de la empresa ALBANISTA, entidad nicaragüense y venezolana, ha ofrecido al país centroamericano un mercado demandante de productos a buenos precios, al mismo tiempo que la adquisión de petróleo a precio ventajoso, siempre a cambio de la implantación de políticas sociales.
Todo ello ha permitido a Nicaragua gozar de ingresos con los que el Gobierno ha mantenido un equilibrio económico y un apoyo social que, a consecuencia de la decadencia económica de Venezuela, podrían correr peligro. De ahí que sea necesario señalar los peligros que corren la seguridad social, alimentaria y nutricional de no obtener una alternativa de inversión y exportación extranjera.
POLÍTICAS SOCIALES
A diferencia de lo que actualmente parece que ocurre en Venezuela, el Gobierno de Ortega goza de buen apoyo social. Independientemente de los datos ofrecidos por la oposición 'sandinista' sobre las tasas de participación de las elecciones del día 6 de noviembre de 2016, población de diversos sectores de la sociedad nicaragüense muestra su apoyo al Gobierno 'sandinista', en especial gracias a la amplia disposición de políticas sociales de Ortega, y por el mantenimiento de un modelo de producción y comercialización de mercado de las élites tradicionales.
Ortega ha desarrollado, en los últimos 10 años, políticas públicas incentivadoras y redistributivas, así como ha tratado de ampliar el potencial de los sujetos productivos del país. Al mismo tiempo, el impulso de las energías renovables y la inversión en infraestructuras en el país, han postulado a Nicaragua como un potencial destino turístico que cada día tiene más poder.
Sin embargo, el riesgo asoma al pensar que dicho apoyo social está al mismo tiempo coexistiendo con un control paulatino de las instituciones nacionales, tales como el poder judicial, el legislativo o los cuerpos de seguridad del Estado, entre otras. De ser así, el beneficio popular se vería acompañado de un restricción de las libertades, cuyos primeras muestras se han dado con las reformas constitucionales de los últimos tiempos, las cuales han permitido reforzar la figura del presidente y la reelección indefinida del mismo, además en un contexto en el que el FSLN se encuentra manejado por Ortega y su esposa.
Así, el futuro político y social de Nicaragua se ciñe a una incertidumbre en la que caben diversos frentes: por un lado, el desarrollo económico de la región, principalmente el que se venga dando en los países del ALBA y, en particular, en Venezuela. Al mismo tiempo, la presión que las nuevas políticas neoliberales que se han alzado en los países que componen América Latina pueden ejercer sobre el gobierno de Daniel Ortega, que sumadas a la inestabilidad social y política venezolana, principal apoyo político, también ofrecerían desventajas para el país centroamericano.