Foto: DANIEL HERNANDEZ-SALAZAR 1992
El organismo lanza una advertencia a Estados Unidos por el incumplimiento de derechos fundamentales en Guantánamo
MADRID, 24 Abr. (Notimérica/EP) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado este miércoles que mantiene su "preocupación" por la vulneración de los Derechos Humanos en Cuba, Honduras y Venezuela, --que continúan formando parte se su particular 'lista negra'--, y ha lanzado una advertencia a Estados Unidos por su incumplimiento a la hora de preservar el derecho a la libertad personal de los presos de la cárcel militar de Guantánamo.
Los llamados "informes especiales", que afectan a Cuba, Honduras y Venezuela y están recogidos en informe anual del organismo --presentado este miércoles en Washington--, son considerados "necesarios" por la Comisión para alertar sobre la situación de los Derechos Humanos en estos países. La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, asegura que su objetivo exclusivo es que "todas las personas en las Américas gocen de la máxima protección de sus derechos".
Respecto de Cuba, la Comisión llama la atención sobre las restricciones a los derechos políticos y de asociación, libertad de expresión, circulación libre de ideas, falta de elecciones, falta de independencia del Poder Judicial, así como restricciones a la libertad de movimiento, que "durante décadas han generado una situación permanente y sistémica de violación de los derechos humanos de los habitantes de Cuba".
El organismo denuncia situación general de los Derechos Humanos "no ha cambiado" y que "la severa represión y restricción hacia los defensores de los Derechos Humanos persisten". En este informe, reitera su preocupación sobre el impacto del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba en esta materia, pero advierte de que esto "no exime al Gobierno cubano del cumplimiento de sus obligaciones".
En segundo lugar, el informe recoge el caso de Honduras y muestra una "especial preocupación" sobre la situación de seguridad ciudadana, además de otras cuestiones como la independencia del Poder Judicial, las debilidades en la administración de justicia que se reflejan en altos niveles de violencia e impunidad y la discriminación de segmentos de la sociedad.
Por ello, pese a reconocer los esfuerzos por parte del Estado para abordar temas específicos, la Comisión considera que "con posterioridad al golpe de estado de 2009, las instituciones democráticas continúan siendo frágiles".
LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA
Para cerrar este grupo de países de la llamada 'lista negra', la CIDH ha aludido a la situación por la que pasa Venezuela, sin necesidad de hacer una referencia directa a la situación de crisis por la que pasa el país, donde los enfrentamientos entre manifestantes opositores al Gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas del orden han dejado un saldo de decenas de fallecidos en los últimos meses.
En concreto, la Comisión reconoce los esfuerzos emprendidos por el Ejecutivo para reducir la desigualdad social. Sin embargo, incide en una "preocupación persistente" sobre la independencia del poder judicial, la integridad del sistema de justicia penal, los obstáculos que encuentran los defensores de Derechos Humanos para llevar a cabo su labor y las limitaciones a la libertad de expresión.
Por otra parte, en este nuevo informe, la Comisión ha hecho referencia a otros asuntos de "preocupación" en el hemisferio en 2013: el derecho a la libertad personal de las personas privadas de libertad en la cárcel militar estadounidense de Guantánamo; la situación de la libertad de expresión en Ecuador; el derecho a la nacionalidad y a la no discriminación en República Dominicana; y la independencia del Poder Judicial en toda la región.
La presidenta del organismo ha explicado que este 'Informe Anual' "no es sólo un mecanismo para dar cuenta de lo que se hace en la región, sino que además es un informe sustantivo sobre la situación de los Derechos Humanos en las Américas y un importante mecanismo mediante el cual la Comisión identifica las mejores prácticas estatales".
El texto ha sido presentado ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. En este contexto, Robinson ha defendido este informe como una forma de responder a las necesidades de grupos históricamente marginados y promover los Derechos Humanos en todo el continente.