QUITO, 4 Nov. (Notimérica) -
En 2013, Ecuador promulgó Ley Orgánica de Comunicación que, entre otras disposiciones, permite al Gobierno establecer la información que aparece en los medios y cómo la publican. Una norma que ha sido criticada este jueves tanto por las Naciones Unidas (ONU) como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Igualmente, los sectores opositores del presidente, Rafael Correa, criticaron la aprobación de la ley. "Hoy es un día fúnebre para el Ecuador. Hoy en la Asamblea Nacional se firma el acta de defunción de la libertad", lamentó en su día el asambleísta Andrés Páez, del Movimiento Creando Oportunidades (CREO).
Incluso la ONG Human Rights Watch se mostró muy crítica, calificándola como un "asalto a la libertad de expresión". "Supone otro esfuerzo del presidente Correa para atacar a los medios independientes", señaló el director para Américas de la organización, José Miguel Vivanco.
El propio presidente Correa salió en defensa de su promulgación. "Después de cuatro años de bloqueo, el país cuenta con una nueva y muy buena ley de comunicación (...). La ley asegura que haya buena prensa, verdadera libertad de expresión", defendió tres años atrás.
Pero, ¿en qué consiste exactamente la Ley de Comunicaciones? Uno de los puntos dispone que el 60 por ciento de los contenidos televisivos corresponda a producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50 por ciento de la música que difunden las radio estaciones.
Asimismo, los medios de comunicación ecuatorianos de carácter nacional no podrán pertenecer a empresas extranjeras ni a ciudadanos extranjeros, y los anuncios publicitarios realizados en otros países quedan prohibidos.
La ley ecuatoriana también establece que todos los medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios) deberán expedir códigos deontológicos a los que podrán recurrir los profesionales para negarse a cumplir alguna instrucción contraria al código. El incumplimiento de las normas deontológicas podrá ser denunciado también por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación.
Así, en los primeros dos años de vigencia de la Ley de Comunicaciones, casi 200 medios fueron sancionados económicamente, llegando el Estado a recaudar más de 200.000 dólares. Un ejemplo es el diario 'El Universo', condenado en junio del pasado año a pagar más de 300.000 dólares --el 10 por ciento de su facturación trimestral promedio-- por no publicar en dos ocasiones el texto íntegro de una rectificación que envió la Secretaría de Comunicación.
Las radios son las que más sanciones han recibido durante estos tres años, seguidas por los medios impresos y por último los audiovisuales. De acuerdo al diario 'El Comercio', medios privados se posicionan en el primer lugar de los sancionados con más de 500 represalias en tres años; le siguen los públicos y, en tercer lugar, están los comunitarios.
En cuanto a la distribución del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta, quedaron distribuidos de forma equitativa: 33 por ciento para medios públicos, 33 por ciento para medios privados, y 34 por ciento para medios comunitarios.
Uno de los artículos más polémicos es el relativo al "linchamiento mediático", en el que se señala que "queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública".
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