BOGOTÁ, 29 Abr. (EP/AP) -
El fiscal general colombiano, Mario Iguarán, tiene previsto viajar mañana lunes a Washington para reunirse con altos funcionarios y solicitar su ayuda para investigar los presuntos vínculos entre las empresas multinacionales y los paramilitares de extrema derecha.
Hace pocos días Iguarán, de pie entre los cadáveres desmembrados cubiertos de plástico blanco de dos hermanas adolescentes víctimas de la violencia paramilitar, manifestó que no solo los verdugos paramilitares, sino también sus patrocinadores financieros deben ser llevados ante la justicia.
"No pagaron por seguridad, sino por sangre", dijo Iguarán el jueves durante una visita a una fosa común en la que los paramilitares enterraron a unas 60 víctimas.
Las autoridades han encarcelado a los jefes paramilitares y a varios de sus aliados políticos en el último año bajo cargos de crear ejércitos privados para eliminar a enemigos comunes, robar tierras y enriquecerse ilegalmente.
Con miles de víctimas de los paramilitares todavía enterradas bajo tierra y sin identificar, Iguarán se ha comprometido a procesar el último eje del proyecto paramilitar: las empresas que les ayudaron a financiarse. Ese nuevo capítulo podría incluir a varias multinacionales. Iguarán ha ordenado la investigación de la multinacional bananera Chiquita Brands y a la empresa minera estadounidense Drummond.
Iván Cepeda, un defensor de los derechos de las víctimas de los paramilitares, considera que no se puede aceptar la excusa de que algunas empresas pagaron para que las protegieran de las guerrillas de izquierda.
Chiquita acordó en marzo pagar 25 millones de dólares para resolver un caso con el Departamento de Justicia estadounidense y admitió que su filial en Colombia pagó 1,7 millones de dólares a los grupos paramilitares que operaban en las zonas de sus plantaciones bananeras.
La Fiscalía colombiana investiga el papel de Chiquita en el caso de un embarque de 3.000 fusiles que entraron ilegalmente al país y que fueron a parar a las manos de los grupos paramilitares. Varios políticos colombianos han solicitado la extradición de los ejecutivos estadounidenses para que sean juzgados en este país.
Chiquita, por su parte, se ha defendido asegurando que los pagos fueron hechos únicamente para proteger a sus empleados. Iguarán, sin embargo, ha calificado esos desembolsos como pruebas de "una relación criminal".
Los legisladores estadounidenses han tomado nota y la semana pasada el congresista demócrata William Delahunt pidió investigar a Chiquita y Drummond.
Drummond ha sido demandada por los familiares de tres líderes sindicales asesinados en 2001, quienes aseguran que la compañía pagó a un cabecilla paramilitar por los asesinatos.
Iván Duque, un portavoz de los paramilitares que se encuentra tras las rejas dijo a la AP que el apoyo de varias empresas a los paramilitares era lógico ya que respetaban las empresas privadas y que las ideas de las compañías y los paramilitares sobre los beneficios del libre mercado coincidían. Duque cumple pena de prisión como parte de un acuerdo de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe que concede penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de la confesión de sus crímenes.