CIUDAD DE PANAMÁ, 21 Ago. (Notimérica/EP) -
Unos 800.000 millones de dólares se lavan anualmente en el mundo y estos flujos económicos buscan ser canalizados por los delincuentes en las economías más punteras en Latinoamérica, como es el caso de Panamá, Perú, Chile, Brasil, México y Ecuador.
El representante para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito, Amado Philip de Andrés, ha advertido que Panamá tiene grandes desafíos respecto al problema del lavado de dinero, ya que el país cuenta con 3,5 millones de habitantes y posee un flujo monetario de 75.000 millones de dólares, lo sitúa como la tercera o cuarta plaza financiera en el continente, al nivel de Nueva York, São Paulo y Colombia.
"Con esta masa monetaria que se está moviendo, la multiplicación de las inversiones y la población que está llegando a Panamá, podemos pasar de 75.000 millones de dólares a 125.000 millones de dólares en dos años y medio. Eso hay que controlarlo", ha enfatizado el representante en el XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que se celebra en Panamá.
A pesar de que Panamá cuenta con entidades reguladoras como la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), además de otros mecanismos, Philip de Andrés ha recalcado la necesidad de solicitar una declaración jurada de bienes a los inversores que están llegando al país.
Par hacer frente al problema del lavado de dinero al que se enfrenta el país, el representante ha indicado que es necesario prestar atención al incremento de la masa monetaria, así como trabajar en la normativa jurídica y en la cooperación entre el sector privado, la Fiscalía y la UAF.
"Necesitamos jueces, fiscales y analistas en la UAF muy capacitados, por ejemplo, en el tema de la falsificación de billetes', ha asegurado Philip de Andrés, según ha informado el diario 'La Estrella de Panamá'.
Por el momento, el especialista ha señalado que Panamá está tomando una serie de medidas al respecto, como vincular la UAF al Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y a la Fiscalía General mediante otra fiscalía especializada en el blanqueo de capitales que se establecerá en los próximos 18 meses.