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La comunidad 'pame' cuenta con asesoría e instrucción legal que legitime ante las autoridades sus labores de defensa
MÉXICO DF, 7 Abr. (Notimérica/EP) -
Los grupos de autodefensa ya no son exclusivos del estado de Michoacán. Cansados de las extorsiones y de ser testigos del despojo de sus tierras, la comunidad indígena 'pame' del municipio de Tamasopo, en el centro de México, se ha levantado en armas contra el crimen organizado de la región, a quienes combaten con sus aparejos de labranza, palos y machetes.
Los 'pame', o 'xi-iuy' como ellos prefieren ser designados, son un pueblo indígena milenario, cuya escasa población, se estima que unos 20.000, subsisten como pueden de la agricultura. Conocidos históricamente por ser una de las naciones originarias menos belicosas, la decisión de tomar las armas responde a la necesidad de frenar, no solo al crimen organizado, sino también los abusos policiales, tanto estatales como municipales.
"Tenemos diez compañeros asesinados y ningún caso se ha esclarecido". La denuncia procede del gobernador de esta comunidad indígena, Trinidad de la Cruz, quien ha explicado como desde el año 2010 están siendo extorsionados, fechas similares al inicio del esplendor de Los Caballeros Templarios en Michoacán, cártel que estuvo caminando a sus anchas por el estado hasta que las autodefensas entraron en escena, lo que espoleó al Gobierno a tomar decisiones más drásticas contra la violencia que se vivía en varios municipios de Tierra Caliente.
Las autodefensas de Potosí, a diferencia que sus homólogas de Michoacán, cuentan con escasos dos meses de existencia y sus filas están formadas por menos de un centenar de indígenas de esta etnia, que se pertrechan con palos, machetes y el resto de herramientas que utilizan para el cultivo y el mantenimiento de sus cosechas.
"Estamos dispuestos a continuar esta lucha porque estamos cansados de tantos atropellos en nuestras comunidades; por eso hemos formado estos grupos de autodefensa, para protegernos, y proteger a nuestras comunidades y a nuestras familias", afirma Simón Hernández, uno de los cabecillas de estas policías comunitarias.
RESPALDO LEGAL
"Nos ampara el artículo 9 de la Constitución" responde una de estas personas, que resguardada bajo una capucha asegura que como comunidad indígena que son, tienen el derecho de nombrar a sus propias guardias comunitarias, ya que nadie les está protegiendo contra los delincuentes.
Las autodefensa indígenas cuenta con la asesoría legal de Aurelio Rodríguez Tapia, antiguo funcionario que se desempeñó en diferentes funciones policiales y de seguridad en organismos como la Fiscalía estatal y la Agencia Federal de Investigación; y del abogado Miguel Ángel Guzmán. Ambos presentaron ante el Congreso de San Luis Potosí un manual teórico práctico que sirviera para su gestión legal.
"La gente noble tiene derecho a portar armas y defender su comunidad", reza uno de los artículos de este texto, el cual también deja muy claras las limitaciones de estos civiles armados, quienes en ningún momento podrán ajusticiar a nadie, ni hacer un uso abusivo de la figura legal de la 'defensa propia'.
"Un montón de bandas y de grupos comenzaron a crecer a la sombra del crimen organizado y empezaron a apoderarse de las comunidades; hasta estos lugares tan distantes han llegado las extorsiones y las amenazas", explica el abogado Miguel Ángel Guzmán, quien denuncia la complacencia para con el crimen organizado que existe por parte de los policías, quienes están convirtiéndose en "un factor de incertidumbre para los habitantes".
ESCASA RELEVANCIA PARA LAS AUTORIDADES
Sin embargo, pese a la incipiente presencia de estos grupos en las principales zonas rurales del estado -- Tamasopo, Rayón y Aquismón--, el Gobierno de San Luis Potosí ha intentado restar importancia al asunto, considerando que el mismo carece de relevancia
"Sabemos que existen situaciones, por supuesto, pero no son de consideración. Nosotros somos quienes están trabajando en estos municipios", ha destacado el secretario para la Seguridad Pública de San Luis Potosí, Joel Melgar, según ha informado el periódico mexicano 'Milenio'.
Las declaraciones de Melgar no preocupan en exceso a estas comunidades, quienes seguirán con sus labores de seguridad "si el Gobierno no hace justicia", llegando incluso a "solicitar armas para tener más protección".