LIMA, 17 Dic. (Notimérica) -
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una organización terrorista peruana creada en la década de los 80, tomó la residencia del embajador japonés en Lima, capital peruana, y secuestrando a 800 personas hace 20 años exigiendo la liberación de todos sus miembros presos.
El 17 de diciembre de 1996 14 miembros del grupo subversivo entraron en la residencia, localizada en el distrito de San Isidro. Lo primero que hicieron fue tomar como rehenes a los asistentes a una recepción en honor al emperador Akihito, entre los que se encontraban grandes personalidades de la vida política y económica de Perú como el Ministro de Relaciones Exteriores, el de Justicia, congresistas y diplomáticos extranjeros.
Aunque muchos de ellos fueron liberados durante las semanas siguientes al secuestro, cerca de 70 permanecieron secuestrados hasta que el 22 de abril de 1997 se inició un operativo llamado 'Chavín de Huántar' en el que las fuerzas especiales del Ejército asaltaron la embajada. Ese día fallecieron los 14 terroristas, uno de los rehenes --Carlos Acuña, vocal de la Corte Suprema-- y dos comandos.
Uno de los rehenes de la embajada de Japón, Alejandro Toledo, afirmó que el grupo terrorista buscaba una amnistía para participar en la vida política de Perú. Los terroristas, por su parte, demandaban la liberación de alrededor de 465 miembros del MRTA, la reforma del sistema de libre mercado y la mejora de las cárceles en sus negociaciones con el gobierno peruano.
Aquella fue la última actuación violenta del MRTA, ya que después se comenzó a trabajar para su desaparición. Este día también ha pasado a la historia por ser el último atentado terrorista cometido en el país iberoamericano.
Aunque en un principio el presidente del Perú por aquel entonces, Alberto Fujimori, recibió enhorabuenas por la operación, pronto empezaron a surgir versiones que cuestionaban la dureza y el empleo de una fuerza excesiva por parte del operativo de asalto.
Según estas versiones, los terroristas se habrían rendido cuando se vieron sorprendidos por el asalto de las fuerzas gubernamentales, pero éstas habrían recibido la orden de "ejecutarlos".
En posteriores investigaciones se ha comprobado la negligencia de las autoridades peruanas por la violación de derechos humanos en las actuaciones de aquel día. Las demandas contra militares por parte de las familias de los terroristas fallecidos continuaron y, en 2005, el fiscal general imputó los cargos y ordenó el comienzo de las audiencias.
Pese a esta medida, las pruebas fueron insuficientes para demostrar las acusaciones que caían sobre las fuerzas de seguridad peruanas. Tan solo se pudo continuar investigando el caso de uno de los terroristas fallecidos en el suceso. Según la fiscalía, un grupo de comandos acabó con la vida del segundo jefe del grupo terrorista, Eduardo Cruz Sanchéz 'Tito', cuando el enfrentamiento ya había terminado.
En la actualidad, la organización terrorista peruana se encuentra desarticulada desde el año 1997. El MRTA causó numerosos atentados con coches bombas y se le atribuyen cantidad de asesinatos durante su existencia. Su principal líder, Víctor Polay Campos, fue encarcelado en 1992 y en la actualidad se encuentra en una prisión peruana bajo cadena perpetua. Néstor Cerpa Cartolini, segundo líder del MRTA, fue abatido durante la toma de la embajada.