BUENOS AIRES, 19 May. (Notimérica/EP) -
El jefe de Gabinete del Gobierno de Argentina, Jorge Capitanich, ha asegurado este lunes que el proceso judicial que se está llevando contra el vicepresidente del país, Amado Boudou, por un supuesto uso irregular de los fondos públicos destinados para las pensiones, forma parte de "una agenda mediática".
En su habitual comparecencia ante los medios desde la sede del Gobierno, Capitanich ha explicado que las acusaciones que pesan sobre el vicepresidente argentino han sido instigadas y jaleadas desde los medios de comunicación, en especial por los diarios 'La Razón' y 'Clarín'.
Una versión sostenida también por el propio implicado, quien hace unos días recordó cómo ambos medios se encargaron de atacar y criticar la eliminación de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), tal y como ha recordado la agencia estatal Télam.
"Fui ese brazo ejecutor junto a la presidenta. Fue negativo para los que abusaban del sistema de la AFJP. En 2007 'Clarín' hizo una emisión de sus acciones, que salieron tres dólares cada una, a los dos meses salían 99 céntimos de dólar, hoy valen poco más de un dólar. Nadie fue al Congreso a dar explicaciones. 'Clarín', de los 93 millones de dólares que valía dicha emisión, se fumó 62 y no hubo ningún escándalo", recordó Boudou.
Por otro lado, Capitanich también se ha referido a la posibilidad de que el actual vicepresidente deje de lado temporalmente sus funciones durante dure el proceso judicial en su contra, afirmando que a él no le corresponde emitir una opinión en ese sentido.
Al mismo tiempo, ha resaltado que Boudou siempre ha estado a disposición de la Justicia para responder a todas las dudas que se han ido produciendo a lo largo de la investigación, que le implica en el uso fraudulento de las partidas públicas destinadas para la financiación de las pensiones cuando era jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en 2006.
Boudou fue acusado de haber utilizado la ANSES para comprar bonos de la deuda cuya adquisición está prohibida por ley con el objetivo de inflar los resultados de los últimos cambios de títulos de deuda y así aplazar los pagos. Según estas acusaciones, las operaciones habrían rondado los 2.000 millones de dólares y la administración habría perdido dinero al comprar estos bonos a precios superiores al que fijaba el mercado.